viernes, 27 de febrero de 2009

Herrikoi

Quiero hacer un comentario sobre el ataque por parte de un ciudadano a una taberna ocurrido en Lazcao, un pueblito en el corazón de Guipúzcoa, a 40 Kilómetros de San Sebastián y 60 de Pamplona.

Cuando un ciudadano irrumpe por la fuerza en el domicilio de persona jurídica incurre en un delito de allanamiento tipificado en el artículo 203 del Código Penal. Cuando además, ese ciudadano destruye propiedad ajena, como es el caso, incurre en el delito de daños, tipificado en el artículo 263 de la misma ley. Hasta ahí no hay nada que merezca una entrada en este blog.

El problema aparece cuando los medios de comunicación usan el hecho noticioso para levantar encuestas, y peor aún, cuando estas encuestas son favorables al presunto delincuente. Que se levanten encuestas equivale a dudar de que la ley deba aplicarse en ciertas circunstancias, o tenga que aplicarse en forma distinta; y que la gente esté a favor del presunto delincuente es una terrible demostración de ignorancia o una confesión tácita de que en España no creemos en las instituciones democráticas y en el sistema de justicia, y esto es sumamente grave.

Es muy simple: si la "Herrikotaberna" está vinculada al financiamiento de bandas terroristas, el sistema judicial tendría que investigarla, cerrarla y decomisar los bienes, como ha hecho en otras oportunidades.

A propósito, para mis lectores americanos, "Herrikoi" es una palabra en vasco que significa "patriota" o "nacionalista" y las "herrikotabernas" son bares que se declaran abierta y públicamente a favor del nacionalismo vasco. Algunas de estas tabernas han resultado implicadas en la trama de financiamiento de ETA y por eso han sido clausuradas por la ley.

¿Qué pruebas tiene el presunto delincuente de que la herrikotaberna financiaba a ETA? ¿Qué le da derecho a tomar la justicia en sus manos, ser juez y ejecutor de la sentencia sin que medien los mecanismos de defensa del Estado de Derecho? ¡En esto hay que ser taxativos! El Estado de Derecho es el único mecanismo válido, democrático, constitucional y legal que tenemos en España para dirimir las diferencias entre personas y aplicar la justicia a quien delinque.

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